Carta al Presidente del Gobierno

Actualización 03/May: Respuesta tipo recibida

El viernes pasado, el día del aniversario de la constitución de 1812 ("La Pepa"), se aprobó en un Consejo de Ministros celebrado de forma extraordinaria en Sevilla el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, sobre el que ya he escrito varias veces. Tras leer la carta de David Bravo al Consejo General del Poder Judicial a propósito de la "Ley Sinde" he decidido escribir yo la carta que aquí reproduzco a José Luís Rodríguez Zapatero, y que mañana mismo enviaré.


Excelentísimo Señor Presidente:

Mi nombre es Pablo Soto y soy investigador y desarrollador de protocolos de comunicaciones y nuevas tecnologías. Soy el único accionista y responsable de la empresa MP2P Technologies, desarrolladora del software español más distribuído a través de Internet de la historia con más de 25 millones de descargas. La compañía, que reinvierte en torno al 72% de sus ingresos netos en I+D, ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, incluyendo el Pioneer Award de la Asociación Internacional de la Computación Distribuida (DCIA por sus siglas en ingles), así como la mayor demanda por parte de la industria discográfica en nuestro país, que reclama más de 13 millones de Euros por el daño que, aseguran, nuestros avances han causado a su negocio.

Me pongo en comunicación con Usted para transmitirle ciertos detalles al respecto de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible que, me atrevo a intuir, no han sido observados.

Dicho proyecto, auspiciado por la Señora Ministra Ángeles González-Sinde Reig, se centra en el traspaso de la tutela sobre interrupciones de servicios de la Sociedad de la Información, es decir, cierres de páginas en Internet, desde el ámbito judicial ordinario hacia el ámbito administrativo, concretamente a una Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura formada por expertos y representantes de la Industria Cultural.

Confío en que estará Usted al corriente de las reacciones que algunos, muchos, ciudadanos han manifestado, principalmente en Internet. Un grupo de rechazo a la popularmente denominada "Ley Sinde" en la red social Facebook, por ejemplo, tiene más de 225.000 miembros. Es relativamente fácil, dándose una vuelta por la red, encontrar iniciativas de recogida de firmas con decenas de miles de apoyos, y literalmente millones de entradas en Google con manifiestos al respecto.


Sin embargo, no pretendo en esta carta hacer hincapié en los efectos de rechazo social que, a buen seguro, están siendo observados por su gabinete, sino transmitirle los efectos de rechazo empresarial que en el entorno de los emprendedores de Internet, mi entorno natural, plantea el Proyecto de Ley.

Como es bien conocido, el entorno digital es un entorno particularmente volátil, en el que el riesgo de los emprendedores se multiplica. Pero en este nuevo sector generador de riqueza, el terreno es muy fértil para aquellos que sepan reducir buena parte de los riesgos, asumir sin complejos el resto, y trazar en definitiva una estrategia inteligente.

Las Administraciones, como elementos centrales de nuestra sociedad, tienen un fantástico poder en la toma de decisiones que se puede convertir en una reducción de riesgos de forma determinante. Ese poder, materializado en medidas de apoyo, puede multiplicar tanto la cantidad y calidad de proyectos emprendidos desde el ámbito privado, como las posibilidades de éxito de dichos proyectos. Al ser el resultado real el producto de una multiplicación de ambos factores, la administración tiene en sus manos, efectivamente, un gran poder de cambio en la tendencia.

La desjudicialización del cierre de servicios en Internet que define el Proyecto de Ley elimina la seguridad jurídica que nuestro sistema provee a las Mercantiles. En un terreno, el de la Propiedad Intelectual, donde Internet está siendo especialmente disruptivo, la inseguridad jurídica que crea el hecho de que sea una comisión administrativa formada, dicho sea de paso, por representantes de una de las partes del conflicto, es sencillamente inasumible para cualquier emprendedor.

El establecimiento de un simple servicio de hospedaje web (hosting) en nuestro país se convierte así en una gesta sólo apta para aquellos empresarios que sepan convivir con la posibilidad del cierre administrativo ipso facto de sus servicios.

Incluso el desarrollo de un portal de búsqueda tipo Google, y debo confesarle que nuestra compañía lleva mucho tiempo y dinero invertido en un producto similar, se hace imposible de asumir. Al riesgo conocido de un I+D puro, se añade una situación de inseguridad jurídica que matará cualquier ímpetu emprendedor en nuestro país.

Espero que, más allá de discursos sobre qué Industria representa a la Cultura en España, si es que alguna lo hace, reflexione sobre cual es la Cultura del Siglo XXI, y qué puede hacer su gobierno por favorecer el acceso a la misma a los ciudadanos y a las empresas.

Es precisa la retirada de la disposición final primera del Proyecto de Ley en su trámite en las Cortes Generales.

Agradezco la atención prestada a la presente, y me despido de Usted reiterándole mi más distinguida consideración, a la espera de su respuesta.