¿Y mis derechos?

Acabo de tener una conversación vía Twitter, que a continuación reproduzco, con Félix Lavilla, Senador PSOE por Soria, portavoz en el Senado Comisión Industria, Comercio y Turismo y miembro Comisión Mixta RTVE.

Pablo Soto: Todavía nadie del PSOE ha explicado por qué es mejor que los cierres los decida Mº de Cultura y no los jueces.
Félix Lavilla: no habrá cierres de webs sin orden judicial, lo ha dicho el Presidente del Gobierno.
Pablo: Lo que dice la ley -por escrito- que el Presidente del Gobierno ha propuesto es EXACTAMENTE lo contrario ¿lo sabes?
Félix: no es ley, es un anteproyecto, y como ha dicho el Pte si ha de cambiarse para aclararse (todo es interpretable) se cambiará.
Pablo: Me sorprendes. El único cambio que aporta a LPI y LSSI es ese; la desjudicialización de cierres por medio de la comisión.
Félix: los cierres están ya previstos en la LSSICE en determinados supuestos y con expresa referencia protección libertad expresión.
Pablo: Efectivamente, y el anteproyecto dice que el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8 y 11 ahora es de Cultura.
Félix: la propia LSSICE habla de "las autoridades competentes" respetando los derechos de libertad de expresión.
Pablo: La pregunta es, ¿Qué se busca cambiando la autoridad competente de Juez a Comisión? Claramente quitar garantías.
Félix: el texto no es definitivo. La autoridad competente (Cultura) está sujeta a someterse a respetar libertad expresión, está blindado.
Pablo: Sería así si no fuera porque quien decide si la libertad de expresión está en juego es... ¡La propia comisión!
Félix: Pablo, es dar vueltas a la noria, el texto no es definitivo. Se pretende proteger la libertad y perseguir a los especuladores.
Pablo: ¿Especuladores? Felix, las discográficas me piden -personalmente- 13 millones de euros http://bit.ly/6sJgeR

Fin de la conversación.

Llevo unos cuantos días intentando despegarme de mi Twitter para poder escribir por aquí. Pero ha sido imposible. La lucha digital, y no tan digital, de los últimos días ha sido a vida o muerte.

Cuando empecé a leer el anteproyecto me fui sumiendo en una especie de trance derrotista. Ya todo da igual; el juicio, los hechos, la ley. Se me quita el derecho a la tutela judicial. Serán directamente las discográficas, mediante la Comisión del Ministerio de Cultura, quienes tendrán el poder de decisión y ejecución. Las mismas que me piden 13 millones de euros, que me ponen detectives privados, que me atacan usando todo a su alcance, incluida mi enfermedad, aquellas mismas discográficas que me acusan de parásito, de haberme forrado y de ser un delincuente, decidirán. No tendré derecho a proceso legal, con representación de mi abogado, vistas, y esas pequeñas cosas que hacen que no me hayan aplastado, todavía.

Tienen miedo de seguir perdiendo juicios. Y han encontrado un atajo. La Ministra de Cultura, González-Sinde, no es que lo apoye por estar del lado de la industria; es que es un miembro activo de la industria, no un representante del gobierno. El mismo día del manifiesto, el senador Van-Halen (con permiso de la SGAE) la recriminó haber firmado recientemente la concesión de una subvención que ella misma solicitó cuando aún no era ministra.

No puedo describir la vergüenza que siento como español, cuando hablo con mis amigos extranjeros sobre todo esto. Pero también como votante de izquierdas, cuando veo el cinismo que rodea al Gobierno, supuestamente socialista. Al ver a Zapatero, decir literalmente tras la revuelta que se ha producido en la Red que "No se cerrará ninguna web", pensé guardar copias del vídeo por toda la casa. Y lo he hecho. Porque me podrán robar mis derechos, pero juro ante todos y cada uno de vosotros que les costará el cargo.

Constitución Española, Artículo 20.5

Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.