viernes, mayo 21, 2010
domingo, marzo 21, 2010
Carta al Presidente del Gobierno
Actualización 03/May: Respuesta tipo recibida
El viernes pasado, el día del aniversario de la constitución de 1812 ("La Pepa"), se aprobó en un Consejo de Ministros celebrado de forma extraordinaria en Sevilla el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, sobre el que ya he escrito varias veces. Tras leer la carta de David Bravo al Consejo General del Poder Judicial a propósito de la "Ley Sinde" he decidido escribir yo la carta que aquí reproduzco a José Luís Rodríguez Zapatero, y que mañana mismo enviaré.
Excelentísimo Señor Presidente:
Mi nombre es Pablo Soto y soy investigador y desarrollador de protocolos de comunicaciones y nuevas tecnologías. Soy el único accionista y responsable de la empresa MP2P Technologies, desarrolladora del software español más distribuído a través de Internet de la historia con más de 25 millones de descargas. La compañía, que reinvierte en torno al 72% de sus ingresos netos en I+D, ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, incluyendo el Pioneer Award de la Asociación Internacional de la Computación Distribuida (DCIA por sus siglas en ingles), así como la mayor demanda por parte de la industria discográfica en nuestro país, que reclama más de 13 millones de Euros por el daño que, aseguran, nuestros avances han causado a su negocio.
Me pongo en comunicación con Usted para transmitirle ciertos detalles al respecto de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible que, me atrevo a intuir, no han sido observados.
Dicho proyecto, auspiciado por la Señora Ministra Ángeles González-Sinde Reig, se centra en el traspaso de la tutela sobre interrupciones de servicios de la Sociedad de la Información, es decir, cierres de páginas en Internet, desde el ámbito judicial ordinario hacia el ámbito administrativo, concretamente a una Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura formada por expertos y representantes de la Industria Cultural.
Confío en que estará Usted al corriente de las reacciones que algunos, muchos, ciudadanos han manifestado, principalmente en Internet. Un grupo de rechazo a la popularmente denominada "Ley Sinde" en la red social Facebook, por ejemplo, tiene más de 225.000 miembros. Es relativamente fácil, dándose una vuelta por la red, encontrar iniciativas de recogida de firmas con decenas de miles de apoyos, y literalmente millones de entradas en Google con manifiestos al respecto.
Sin embargo, no pretendo en esta carta hacer hincapié en los efectos de rechazo social que, a buen seguro, están siendo observados por su gabinete, sino transmitirle los efectos de rechazo empresarial que en el entorno de los emprendedores de Internet, mi entorno natural, plantea el Proyecto de Ley.
Como es bien conocido, el entorno digital es un entorno particularmente volátil, en el que el riesgo de los emprendedores se multiplica. Pero en este nuevo sector generador de riqueza, el terreno es muy fértil para aquellos que sepan reducir buena parte de los riesgos, asumir sin complejos el resto, y trazar en definitiva una estrategia inteligente.
Las Administraciones, como elementos centrales de nuestra sociedad, tienen un fantástico poder en la toma de decisiones que se puede convertir en una reducción de riesgos de forma determinante. Ese poder, materializado en medidas de apoyo, puede multiplicar tanto la cantidad y calidad de proyectos emprendidos desde el ámbito privado, como las posibilidades de éxito de dichos proyectos. Al ser el resultado real el producto de una multiplicación de ambos factores, la administración tiene en sus manos, efectivamente, un gran poder de cambio en la tendencia.
La desjudicialización del cierre de servicios en Internet que define el Proyecto de Ley elimina la seguridad jurídica que nuestro sistema provee a las Mercantiles. En un terreno, el de la Propiedad Intelectual, donde Internet está siendo especialmente disruptivo, la inseguridad jurídica que crea el hecho de que sea una comisión administrativa formada, dicho sea de paso, por representantes de una de las partes del conflicto, es sencillamente inasumible para cualquier emprendedor.
El establecimiento de un simple servicio de hospedaje web (hosting) en nuestro país se convierte así en una gesta sólo apta para aquellos empresarios que sepan convivir con la posibilidad del cierre administrativo ipso facto de sus servicios.
Incluso el desarrollo de un portal de búsqueda tipo Google, y debo confesarle que nuestra compañía lleva mucho tiempo y dinero invertido en un producto similar, se hace imposible de asumir. Al riesgo conocido de un I+D puro, se añade una situación de inseguridad jurídica que matará cualquier ímpetu emprendedor en nuestro país.
Espero que, más allá de discursos sobre qué Industria representa a la Cultura en España, si es que alguna lo hace, reflexione sobre cual es la Cultura del Siglo XXI, y qué puede hacer su gobierno por favorecer el acceso a la misma a los ciudadanos y a las empresas.
Es precisa la retirada de la disposición final primera del Proyecto de Ley en su trámite en las Cortes Generales.
Agradezco la atención prestada a la presente, y me despido de Usted reiterándole mi más distinguida consideración, a la espera de su respuesta.
El viernes pasado, el día del aniversario de la constitución de 1812 ("La Pepa"), se aprobó en un Consejo de Ministros celebrado de forma extraordinaria en Sevilla el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, sobre el que ya he escrito varias veces. Tras leer la carta de David Bravo al Consejo General del Poder Judicial a propósito de la "Ley Sinde" he decidido escribir yo la carta que aquí reproduzco a José Luís Rodríguez Zapatero, y que mañana mismo enviaré.
Excelentísimo Señor Presidente:
Mi nombre es Pablo Soto y soy investigador y desarrollador de protocolos de comunicaciones y nuevas tecnologías. Soy el único accionista y responsable de la empresa MP2P Technologies, desarrolladora del software español más distribuído a través de Internet de la historia con más de 25 millones de descargas. La compañía, que reinvierte en torno al 72% de sus ingresos netos en I+D, ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, incluyendo el Pioneer Award de la Asociación Internacional de la Computación Distribuida (DCIA por sus siglas en ingles), así como la mayor demanda por parte de la industria discográfica en nuestro país, que reclama más de 13 millones de Euros por el daño que, aseguran, nuestros avances han causado a su negocio.
Me pongo en comunicación con Usted para transmitirle ciertos detalles al respecto de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible que, me atrevo a intuir, no han sido observados.
Dicho proyecto, auspiciado por la Señora Ministra Ángeles González-Sinde Reig, se centra en el traspaso de la tutela sobre interrupciones de servicios de la Sociedad de la Información, es decir, cierres de páginas en Internet, desde el ámbito judicial ordinario hacia el ámbito administrativo, concretamente a una Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura formada por expertos y representantes de la Industria Cultural.
Confío en que estará Usted al corriente de las reacciones que algunos, muchos, ciudadanos han manifestado, principalmente en Internet. Un grupo de rechazo a la popularmente denominada "Ley Sinde" en la red social Facebook, por ejemplo, tiene más de 225.000 miembros. Es relativamente fácil, dándose una vuelta por la red, encontrar iniciativas de recogida de firmas con decenas de miles de apoyos, y literalmente millones de entradas en Google con manifiestos al respecto.
Sin embargo, no pretendo en esta carta hacer hincapié en los efectos de rechazo social que, a buen seguro, están siendo observados por su gabinete, sino transmitirle los efectos de rechazo empresarial que en el entorno de los emprendedores de Internet, mi entorno natural, plantea el Proyecto de Ley.
Como es bien conocido, el entorno digital es un entorno particularmente volátil, en el que el riesgo de los emprendedores se multiplica. Pero en este nuevo sector generador de riqueza, el terreno es muy fértil para aquellos que sepan reducir buena parte de los riesgos, asumir sin complejos el resto, y trazar en definitiva una estrategia inteligente.
Las Administraciones, como elementos centrales de nuestra sociedad, tienen un fantástico poder en la toma de decisiones que se puede convertir en una reducción de riesgos de forma determinante. Ese poder, materializado en medidas de apoyo, puede multiplicar tanto la cantidad y calidad de proyectos emprendidos desde el ámbito privado, como las posibilidades de éxito de dichos proyectos. Al ser el resultado real el producto de una multiplicación de ambos factores, la administración tiene en sus manos, efectivamente, un gran poder de cambio en la tendencia.
La desjudicialización del cierre de servicios en Internet que define el Proyecto de Ley elimina la seguridad jurídica que nuestro sistema provee a las Mercantiles. En un terreno, el de la Propiedad Intelectual, donde Internet está siendo especialmente disruptivo, la inseguridad jurídica que crea el hecho de que sea una comisión administrativa formada, dicho sea de paso, por representantes de una de las partes del conflicto, es sencillamente inasumible para cualquier emprendedor.
El establecimiento de un simple servicio de hospedaje web (hosting) en nuestro país se convierte así en una gesta sólo apta para aquellos empresarios que sepan convivir con la posibilidad del cierre administrativo ipso facto de sus servicios.
Incluso el desarrollo de un portal de búsqueda tipo Google, y debo confesarle que nuestra compañía lleva mucho tiempo y dinero invertido en un producto similar, se hace imposible de asumir. Al riesgo conocido de un I+D puro, se añade una situación de inseguridad jurídica que matará cualquier ímpetu emprendedor en nuestro país.
Espero que, más allá de discursos sobre qué Industria representa a la Cultura en España, si es que alguna lo hace, reflexione sobre cual es la Cultura del Siglo XXI, y qué puede hacer su gobierno por favorecer el acceso a la misma a los ciudadanos y a las empresas.
Es precisa la retirada de la disposición final primera del Proyecto de Ley en su trámite en las Cortes Generales.
Agradezco la atención prestada a la presente, y me despido de Usted reiterándole mi más distinguida consideración, a la espera de su respuesta.
miércoles, marzo 03, 2010
Save the iBOT
Credit goes to Shannon, who wrote most of the following.
The iBOT is the only wheelchair I am willing to use. Unfortunatelly, production of the iBOT stopped a little over a year ago. There were only about 1,000 iBOTs sold and because of poor sales, they had to stop making them. Originally when the iBOT went on the market, Johnson and Johnson (J&J sold the iBOT) thought that insurance companies would pay for the iBOT like they do for other wheelchairs. Medicare decided that the iBOT was a "luxury", therefore refusing to pay for it. Most insurance companies follow Medicare guidelines. Many wheelchair users wanted an iBOT, but not many could come up with the $25,000 to buy it.
I want other wheelchair users to have the ability to get an iBOT if they want one. Buying a used iBOT isn't an option anymore because J&J won't provide service to anyone who purchased an iBOT after they stopped production last year. I am in that situation, and unless the iBOT goes back into production, there will be only a small group of us who have iBOTs. Also, J&J is providing service to current iBOT users until the year 2013 only. After that, they're on their own.
A group of us are trying to get the iBOT back into production. Will you please join the Facebook group called "Save the iBOT"? You won't be asked to give any money or anything like that. We just want as many supporters as we can get. The higher the number of people in the group, the better.
Save the iBOT
Thanks for your time and consideration!
The iBOT is the only wheelchair I am willing to use. Unfortunatelly, production of the iBOT stopped a little over a year ago. There were only about 1,000 iBOTs sold and because of poor sales, they had to stop making them. Originally when the iBOT went on the market, Johnson and Johnson (J&J sold the iBOT) thought that insurance companies would pay for the iBOT like they do for other wheelchairs. Medicare decided that the iBOT was a "luxury", therefore refusing to pay for it. Most insurance companies follow Medicare guidelines. Many wheelchair users wanted an iBOT, but not many could come up with the $25,000 to buy it.
I want other wheelchair users to have the ability to get an iBOT if they want one. Buying a used iBOT isn't an option anymore because J&J won't provide service to anyone who purchased an iBOT after they stopped production last year. I am in that situation, and unless the iBOT goes back into production, there will be only a small group of us who have iBOTs. Also, J&J is providing service to current iBOT users until the year 2013 only. After that, they're on their own.
A group of us are trying to get the iBOT back into production. Will you please join the Facebook group called "Save the iBOT"? You won't be asked to give any money or anything like that. We just want as many supporters as we can get. The higher the number of people in the group, the better.
Save the iBOT
Thanks for your time and consideration!
miércoles, enero 13, 2010
Hablando de la LES en La 2
Ayer en La 2 pusieron una entrevista y unos comentarios acerca de la Ley de Economía Sostenible.
Gracias a Dani Seseña y al equipo de TrasLa2, que son más majos que la leche, y al pobre @jaimeluanco que se ha pasao la mañana luchando con Youtube.
Gracias a Dani Seseña y al equipo de TrasLa2, que son más majos que la leche, y al pobre @jaimeluanco que se ha pasao la mañana luchando con Youtube.
sábado, enero 09, 2010
Libertad de expresión en un mundo perfecto
De: Magistrado Juez XXX YYY, Sala ZZZ, Audiencia Nacional.
A: Comisión de Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura.
Asunto: RE: Autorización Cierre abc.def
Muy Señor mío,
En respuesta a su solicitud de autorización de cierre de la página abc.def, procedo a contestar las dos preguntas que me dirige, siguiendo el reglamento a tal efecto.
1. De si la Comisión posee legitimidad para cursar procedimiento administrativo contra los titulares de la página.
Sorprende a este magistrado la pregunta inicial, ya que la Ley de Economía Sostenible, que creó la Comisión que me remite la solicitud, le dio no sólo legitimidad, sino obligación de cursar las denuncias. Es obvio que sí por tanto, máxime siendo esa es la única finalidad de la sección segunda de la Comisión.
2. De si podría la Comisión proceder al cierre de la página sin peligro del ejercicio de derechos fundamentales.
De la construcción de esta segunda pregunta, sólo puede entender el titular de esta Sala que no se le pide abordar las cuestiones que podrían justificar, en su caso, el cierre de la página, ni dictar resolución de cierre contra esta, si procede, en función de posibles ilicitudes de cualquier índole cometidas a través del citado medio telemático.
Entendiendo por tanto que esta Sala debe ceñirse a los derechos explicitados, es decir, los derechos de expresión e información, tengamos en cuenta que estos tienen su origen en la Constitución Española. Concretamente el Artículo 20.5 aborda el cierre preventivo de medios: "Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial."
Dado que no se está solicitando resolución de cierre a este juzgado, sino que sería la sección segunda de la Comisión, a la que me dirijo, la que resolvería esa medida, y dado que no forma parte dicha Comisión del poder judicial en manera alguna,
RESUELVO:
Que puesto que no puede dictar la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura resolución judicial alguna, sino administrativa, en contra de los requisitos del Artículo 20.5 de la Constitución Española, no cumpliría el cierre de la citada página, ni de ninguna otra, el mínimo rigor democrático de respeto a la libertad de expresión.
Que no se proceda por parte de la Comisión al cierre, suspensión o interrupción alguna del servicio prestado por el medio abc.def, ni de ningún otro medio en Internet sin que se realice el procedimiento judicial oportuno para la salvaguarda de la tutela judicial efectiva.
Madrid a XX de XXXX de XXXX
Magistrado XXX YYY, Sala ZZZ, Audiencia Nacional.
A: Comisión de Propiedad Intelectual, Ministerio de Cultura.
Asunto: RE: Autorización Cierre abc.def
Muy Señor mío,
En respuesta a su solicitud de autorización de cierre de la página abc.def, procedo a contestar las dos preguntas que me dirige, siguiendo el reglamento a tal efecto.
1. De si la Comisión posee legitimidad para cursar procedimiento administrativo contra los titulares de la página.
Sorprende a este magistrado la pregunta inicial, ya que la Ley de Economía Sostenible, que creó la Comisión que me remite la solicitud, le dio no sólo legitimidad, sino obligación de cursar las denuncias. Es obvio que sí por tanto, máxime siendo esa es la única finalidad de la sección segunda de la Comisión.
2. De si podría la Comisión proceder al cierre de la página sin peligro del ejercicio de derechos fundamentales.
De la construcción de esta segunda pregunta, sólo puede entender el titular de esta Sala que no se le pide abordar las cuestiones que podrían justificar, en su caso, el cierre de la página, ni dictar resolución de cierre contra esta, si procede, en función de posibles ilicitudes de cualquier índole cometidas a través del citado medio telemático.
Entendiendo por tanto que esta Sala debe ceñirse a los derechos explicitados, es decir, los derechos de expresión e información, tengamos en cuenta que estos tienen su origen en la Constitución Española. Concretamente el Artículo 20.5 aborda el cierre preventivo de medios: "Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial."
Dado que no se está solicitando resolución de cierre a este juzgado, sino que sería la sección segunda de la Comisión, a la que me dirijo, la que resolvería esa medida, y dado que no forma parte dicha Comisión del poder judicial en manera alguna,
RESUELVO:
Que puesto que no puede dictar la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura resolución judicial alguna, sino administrativa, en contra de los requisitos del Artículo 20.5 de la Constitución Española, no cumpliría el cierre de la citada página, ni de ninguna otra, el mínimo rigor democrático de respeto a la libertad de expresión.
Que no se proceda por parte de la Comisión al cierre, suspensión o interrupción alguna del servicio prestado por el medio abc.def, ni de ningún otro medio en Internet sin que se realice el procedimiento judicial oportuno para la salvaguarda de la tutela judicial efectiva.
Madrid a XX de XXXX de XXXX
Magistrado XXX YYY, Sala ZZZ, Audiencia Nacional.
miércoles, enero 06, 2010
El truco de la grapadora y el cierre de webs sin proceso legal.
Existe un viejo truco, usado por burócratas corruptos del mundo entero, que consiste en adjuntar a un expediente, un documento firmado por cierta autoridad con el fin de hacer creer que el firmante del mismo, normalmente en representación de un organismo, apoya o avala el resto del expediente cuando en realidad no es así. Se llama el truco de la grapadora.
La Ministra de Cultura lo ha encontrado útil para eliminar el derecho a la tutela judicial de los desarrolladores de páginas web. Como la constitución dice que sólo se puede cerrar un medio con resolución judicial previa, se le pregunta a un juez sobre asuntos secundarios a la infracción denunciada, y luego se grapa su respuesta al expediente. Y a proclamar a los cuatro vientos que ha habido intervención judicial previa al cierre.
Lo que no se dice es que el juez no valora si la página es merecedora de cierre o no. Quien decide si hay infracción de propiedad intelectual, es decir, si se incumple la ley, es una nueva Comisión dependiente del Ministerio. La traducción para humanos es que el Ministerio de Cultura decide qué se cierra en Internet.
Lo malo es que el truco funciona.
Ramón Muñoz, periodista de El País, parece tener línea directa con González Sinde. Lleva unos días publicando primicias, y la redacción de los artículos es muy curiosa.
Ramón ya es conocido aquí y allá por cosas como publicar una sentencia histórica que en realidad era un acuerdo entre las partes, convertir mi frase "No soy el héroe de las descargas" en el titular "Es el héroe de las descargas" o publicar en primicia la disposición final de la Ley de Economía Sostenible cuando ni siquiera la oposición estaba al corriente.
En su artículo de hoy dice "la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares", refiriéndose al bloqueo de páginas web. Es curioso, porque ahora mismo es así como funciona: aquel que considera infringidos sus derechos, le solicita a un juez el cierre cautelar de la página.
Sigamos leyendo el artículo. Un poco después dice "El juez no entra en el fondo del asunto" -¡Vaya!, esto sí que es curioso- "sino que sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión."
Pero entonces, lo que se le pregunta al juez no es si hay que cerrar esa página, sino que se le pide que ponga una firmita donde dice "legitimación activa del denunciante" y otra donde dice "La libertad de expresión mola", sin entrar en si la web es ilícita o no.
En el siguiente párrafo el periodista finiquita el argumento diciendo que esta fórmula introduce la "autorización judicial previa" Y añade, "De paso, haría realidad la promesa del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero de que "no se cerrará ninguna web sin decisión judicial".
Ramón parece querer transmitir que es el juez el que ordena el cierre. No, espera. ¡Lo dice! "Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días". Esto sí que llama la atención.
Ramón, ¿Cómo va a cerrar una página un juez sin evaluar si se comete algún tipo de ilicitud en la misma?
Ramón, tu texto es contradictorio y alguien podría creer que quieres manipular. Estás dando a entender que una web sólo se cerrará cuando lo decida un juez. Pero tú mismo dices "La Comisión entonces estudiará el caso y comprobará si se están infringiendo esos derechos."
¿Sabes lo que es la tutela judicial efectiva?, ¿Sabes lo que es la indefensión? Yo te lo diré: no tener derecho a abogado, procurador, ni a declarar en tu defensa, o presentar testigos. Eso es la indefensión, no poder defender tus argumentos en un proceso judicial con todas las garantías.
En el actual procedimiento de medidas cautelares, que cuenta con todas las garantías procesales, el plazo marcado por la ley es de 20 días hábiles. Y en la modalidad corta del proceso, que es la que la industria está usando en casos como etmusica.com, sólo transcurren 5 días hábiles desde que se presenta en el juzgado la denuncia hasta que se ordena el cierre (o no) de la página. Eso es lo que dice hoy la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 733), sin embargo aseguran que es la necesidad de mayor agilidad lo que motiva la propuesta para cambiar la ley. ¿No será que lo que quieren es que no haya juicios?
Ahora, será la comisión la que decida quien está cometiendo un delito, sin proceso judicial de ningún tipo. El ejecutivo quita a los jueces, ahora decide Sinde. No hay vuelta de hoja. Ramón, está en juego la separación de poderes ¿no te das cuenta? Leyéndote, alguien podría pensar que te dedicas a untarnos la vaselina.
Cuando publicaste hace tiempo que yo "prohibía la copia de mi programa" pensé que no eras muy listo. Pensé: venga ya, cómo se le puede decir eso a alguien que ha distribuido gratuitamente 25 millones de copias de sus programas... Podrás decir "¡Qué cabrón! ¡Cómo promueve la copia de sus programas!", o "Será despiadado, mira que estar en el top ten de Download.com..."; pero decir que no hago precisamente aquello que la industria me recrimina con una demanda de trece millones de euros es de tontos.
Pero ahora lo veo distinto. Tú no eres tonto, Ramón. Ahora te leo en una noticia que manipula la información y transmite un mensaje falso e interesado, y sólo se me ocurre aconsejarte que vayas pensando la respuesta para cuando alguien te pregunte "Abuelito, ¿Dónde estabas tú cuando nos quitaron Internet?"
La Ministra de Cultura lo ha encontrado útil para eliminar el derecho a la tutela judicial de los desarrolladores de páginas web. Como la constitución dice que sólo se puede cerrar un medio con resolución judicial previa, se le pregunta a un juez sobre asuntos secundarios a la infracción denunciada, y luego se grapa su respuesta al expediente. Y a proclamar a los cuatro vientos que ha habido intervención judicial previa al cierre.
Lo que no se dice es que el juez no valora si la página es merecedora de cierre o no. Quien decide si hay infracción de propiedad intelectual, es decir, si se incumple la ley, es una nueva Comisión dependiente del Ministerio. La traducción para humanos es que el Ministerio de Cultura decide qué se cierra en Internet.
Lo malo es que el truco funciona.
Ramón Muñoz, periodista de El País, parece tener línea directa con González Sinde. Lleva unos días publicando primicias, y la redacción de los artículos es muy curiosa.
Ramón ya es conocido aquí y allá por cosas como publicar una sentencia histórica que en realidad era un acuerdo entre las partes, convertir mi frase "No soy el héroe de las descargas" en el titular "Es el héroe de las descargas" o publicar en primicia la disposición final de la Ley de Economía Sostenible cuando ni siquiera la oposición estaba al corriente.
En su artículo de hoy dice "la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares", refiriéndose al bloqueo de páginas web. Es curioso, porque ahora mismo es así como funciona: aquel que considera infringidos sus derechos, le solicita a un juez el cierre cautelar de la página.
Sigamos leyendo el artículo. Un poco después dice "El juez no entra en el fondo del asunto" -¡Vaya!, esto sí que es curioso- "sino que sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión."
Pero entonces, lo que se le pregunta al juez no es si hay que cerrar esa página, sino que se le pide que ponga una firmita donde dice "legitimación activa del denunciante" y otra donde dice "La libertad de expresión mola", sin entrar en si la web es ilícita o no.
En el siguiente párrafo el periodista finiquita el argumento diciendo que esta fórmula introduce la "autorización judicial previa" Y añade, "De paso, haría realidad la promesa del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero de que "no se cerrará ninguna web sin decisión judicial".
Ramón parece querer transmitir que es el juez el que ordena el cierre. No, espera. ¡Lo dice! "Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días". Esto sí que llama la atención.
Ramón, ¿Cómo va a cerrar una página un juez sin evaluar si se comete algún tipo de ilicitud en la misma?
Ramón, tu texto es contradictorio y alguien podría creer que quieres manipular. Estás dando a entender que una web sólo se cerrará cuando lo decida un juez. Pero tú mismo dices "La Comisión entonces estudiará el caso y comprobará si se están infringiendo esos derechos."
¿Sabes lo que es la tutela judicial efectiva?, ¿Sabes lo que es la indefensión? Yo te lo diré: no tener derecho a abogado, procurador, ni a declarar en tu defensa, o presentar testigos. Eso es la indefensión, no poder defender tus argumentos en un proceso judicial con todas las garantías.
En el actual procedimiento de medidas cautelares, que cuenta con todas las garantías procesales, el plazo marcado por la ley es de 20 días hábiles. Y en la modalidad corta del proceso, que es la que la industria está usando en casos como etmusica.com, sólo transcurren 5 días hábiles desde que se presenta en el juzgado la denuncia hasta que se ordena el cierre (o no) de la página. Eso es lo que dice hoy la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 733), sin embargo aseguran que es la necesidad de mayor agilidad lo que motiva la propuesta para cambiar la ley. ¿No será que lo que quieren es que no haya juicios?
Ahora, será la comisión la que decida quien está cometiendo un delito, sin proceso judicial de ningún tipo. El ejecutivo quita a los jueces, ahora decide Sinde. No hay vuelta de hoja. Ramón, está en juego la separación de poderes ¿no te das cuenta? Leyéndote, alguien podría pensar que te dedicas a untarnos la vaselina.
Cuando publicaste hace tiempo que yo "prohibía la copia de mi programa" pensé que no eras muy listo. Pensé: venga ya, cómo se le puede decir eso a alguien que ha distribuido gratuitamente 25 millones de copias de sus programas... Podrás decir "¡Qué cabrón! ¡Cómo promueve la copia de sus programas!", o "Será despiadado, mira que estar en el top ten de Download.com..."; pero decir que no hago precisamente aquello que la industria me recrimina con una demanda de trece millones de euros es de tontos.
Pero ahora lo veo distinto. Tú no eres tonto, Ramón. Ahora te leo en una noticia que manipula la información y transmite un mensaje falso e interesado, y sólo se me ocurre aconsejarte que vayas pensando la respuesta para cuando alguien te pregunte "Abuelito, ¿Dónde estabas tú cuando nos quitaron Internet?"
domingo, diciembre 06, 2009
¿Y mis derechos?
Acabo de tener una conversación vía Twitter, que a continuación reproduzco, con Félix Lavilla, Senador PSOE por Soria, portavoz en el Senado Comisión Industria, Comercio y Turismo y miembro Comisión Mixta RTVE.
Llevo unos cuantos días intentando despegarme de mi Twitter para poder escribir por aquí. Pero ha sido imposible. La lucha digital, y no tan digital, de los últimos días ha sido a vida o muerte.
Cuando empecé a leer el anteproyecto me fui sumiendo en una especie de trance derrotista. Ya todo da igual; el juicio, los hechos, la ley. Se me quita el derecho a la tutela judicial. Serán directamente las discográficas, mediante la Comisión del Ministerio de Cultura, quienes tendrán el poder de decisión y ejecución. Las mismas que me piden 13 millones de euros, que me ponen detectives privados, que me atacan usando todo a su alcance, incluida mi enfermedad, aquellas mismas discográficas que me acusan de parásito, de haberme forrado y de ser un delincuente, decidirán. No tendré derecho a proceso legal, con representación de mi abogado, vistas, y esas pequeñas cosas que hacen que no me hayan aplastado, todavía.
Tienen miedo de seguir perdiendo juicios. Y han encontrado un atajo. La Ministra de Cultura, González-Sinde, no es que lo apoye por estar del lado de la industria; es que es un miembro activo de la industria, no un representante del gobierno. El mismo día del manifiesto, el senador Van-Halen (con permiso de la SGAE) la recriminó haber firmado recientemente la concesión de una subvención que ella misma solicitó cuando aún no era ministra.
No puedo describir la vergüenza que siento como español, cuando hablo con mis amigos extranjeros sobre todo esto. Pero también como votante de izquierdas, cuando veo el cinismo que rodea al Gobierno, supuestamente socialista. Al ver a Zapatero, decir literalmente tras la revuelta que se ha producido en la Red que "No se cerrará ninguna web", pensé guardar copias del vídeo por toda la casa. Y lo he hecho. Porque me podrán robar mis derechos, pero juro ante todos y cada uno de vosotros que les costará el cargo.
Constitución Española, Artículo 20.5
Pablo Soto: Todavía nadie del PSOE ha explicado por qué es mejor que los cierres los decida Mº de Cultura y no los jueces.
Félix Lavilla: no habrá cierres de webs sin orden judicial, lo ha dicho el Presidente del Gobierno.
Pablo: Lo que dice la ley -por escrito- que el Presidente del Gobierno ha propuesto es EXACTAMENTE lo contrario ¿lo sabes?
Félix: no es ley, es un anteproyecto, y como ha dicho el Pte si ha de cambiarse para aclararse (todo es interpretable) se cambiará.
Pablo: Me sorprendes. El único cambio que aporta a LPI y LSSI es ese; la desjudicialización de cierres por medio de la comisión.
Félix: los cierres están ya previstos en la LSSICE en determinados supuestos y con expresa referencia protección libertad expresión.
Pablo: Efectivamente, y el anteproyecto dice que el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8 y 11 ahora es de Cultura.
Félix: la propia LSSICE habla de "las autoridades competentes" respetando los derechos de libertad de expresión.
Pablo: La pregunta es, ¿Qué se busca cambiando la autoridad competente de Juez a Comisión? Claramente quitar garantías.
Félix: el texto no es definitivo. La autoridad competente (Cultura) está sujeta a someterse a respetar libertad expresión, está blindado.
Pablo: Sería así si no fuera porque quien decide si la libertad de expresión está en juego es... ¡La propia comisión!
Félix: Pablo, es dar vueltas a la noria, el texto no es definitivo. Se pretende proteger la libertad y perseguir a los especuladores.
Pablo: ¿Especuladores? Felix, las discográficas me piden -personalmente- 13 millones de euros http://bit.ly/6sJgeR
Fin de la conversación.
Llevo unos cuantos días intentando despegarme de mi Twitter para poder escribir por aquí. Pero ha sido imposible. La lucha digital, y no tan digital, de los últimos días ha sido a vida o muerte.
Cuando empecé a leer el anteproyecto me fui sumiendo en una especie de trance derrotista. Ya todo da igual; el juicio, los hechos, la ley. Se me quita el derecho a la tutela judicial. Serán directamente las discográficas, mediante la Comisión del Ministerio de Cultura, quienes tendrán el poder de decisión y ejecución. Las mismas que me piden 13 millones de euros, que me ponen detectives privados, que me atacan usando todo a su alcance, incluida mi enfermedad, aquellas mismas discográficas que me acusan de parásito, de haberme forrado y de ser un delincuente, decidirán. No tendré derecho a proceso legal, con representación de mi abogado, vistas, y esas pequeñas cosas que hacen que no me hayan aplastado, todavía.
Tienen miedo de seguir perdiendo juicios. Y han encontrado un atajo. La Ministra de Cultura, González-Sinde, no es que lo apoye por estar del lado de la industria; es que es un miembro activo de la industria, no un representante del gobierno. El mismo día del manifiesto, el senador Van-Halen (con permiso de la SGAE) la recriminó haber firmado recientemente la concesión de una subvención que ella misma solicitó cuando aún no era ministra.
No puedo describir la vergüenza que siento como español, cuando hablo con mis amigos extranjeros sobre todo esto. Pero también como votante de izquierdas, cuando veo el cinismo que rodea al Gobierno, supuestamente socialista. Al ver a Zapatero, decir literalmente tras la revuelta que se ha producido en la Red que "No se cerrará ninguna web", pensé guardar copias del vídeo por toda la casa. Y lo he hecho. Porque me podrán robar mis derechos, pero juro ante todos y cada uno de vosotros que les costará el cargo.
Constitución Española, Artículo 20.5
Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
miércoles, diciembre 02, 2009
Manifiesto: En defensa de los derechos fundamentales en Internet
ACTUALIZACIÓN: Buscando el manifiesto Google refleja más de 100,000 páginas, y el grupo de apoyo en Facebook está subiendo como la espuma.
ACTUALIZACIÓN II: Google refleja ya más de 2 millones entradas con el manifiesto, y el grupo de apoyo en Facebook tiene más de 150,000 miembros. En Twitter el hashtag #manifiesto se mantiene como "trend-topic". La reacción de rechazo por parte de los ciudadanos en Internet al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no tiene precedentes.
Hace un par de horas que se ha publicado este manifiesto, y ya se cuentan por miles los Blogs que lo apoyan (o mejor dicho, lo apoyamos).
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
ACTUALIZACIÓN II: Google refleja ya más de 2 millones entradas con el manifiesto, y el grupo de apoyo en Facebook tiene más de 150,000 miembros. En Twitter el hashtag #manifiesto se mantiene como "trend-topic". La reacción de rechazo por parte de los ciudadanos en Internet al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no tiene precedentes.
Hace un par de horas que se ha publicado este manifiesto, y ya se cuentan por miles los Blogs que lo apoyan (o mejor dicho, lo apoyamos).
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
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